Historia de la laicidad en Argentina: un análisis federal sobre el vínculo entre el Estado y los credos

Sobre el libro

El libro Historia de la laicidad en Argentina (siglos XIX y XX), del cual el Dr. José Zanca, historiador, investigador del CONICET, integrante del ISHIR, es el compilador, reúne investigaciones de alcance nacional y provincial sobre la historia de la laicidad en la Argentina entre los siglos XIX y XX. El trabajo surgió de un proyecto iniciado en el año 2017 y financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, coordinado por el Dr. Zanca, que convocó a especialistas de todo el país para elaborar un estado de la cuestión y, a la vez, aportar estudios de caso que permitan comprender cómo se configuró y se transformó el vínculo entre el Estado y los distintos credos.

“Nos propusimos adoptar una definición amplia de laicidad, evitando enfoques normativos que clasifiquen las prácticas como ‘buenas’ o ‘malas’. En su lugar, el objetivo fue analizar las relaciones entre el Estado y las diversas denominaciones religiosas, trascendiendo el análisis exclusivo del catolicismo. La investigación indaga en la evolución de ese vínculo: desde cómo el Estado argentino concibió a la Iglesia católica en el siglo XIX hasta las transformaciones del siglo XX, impulsadas por la inmigración y el pluralismo religioso. También examinamos cómo la creciente conflictividad social fortaleció el nexo entre ambas instituciones y derivó en una alianza: el Estado buscó legitimación política y la Iglesia, privilegios frente a otros credos. Este proceso se consolidó especialmente entre las décadas de 1920 y 1930, en el marco de la crisis del orden liberal-democrático” explica el investigador.

Sobre el contenido del libro

La obra propone un recorrido cronológico (1810–2020) que combina marcos interpretativos generales con estudios de caso sobre las formas que asumió la relación entre el Estado y la Iglesia. Abre con una introducción conceptual de Roberto Di Stefano y José Zanca sobre las polémicas que definen la condición laica del Estado argentino. Para el siglo XIX, Di Stefano presenta el panorama general y analiza, en capítulos específicos, la enseñanza, la gravitación de lo religioso en el Código Civil y las principales “leyes laicas” de la década de 1880 (educación común, registro civil y matrimonio civil). Junto con Ignacio Martínez, aborda además las reformas eclesiásticas porteñas y provinciales de la década de 1820; Martínez, por su parte, estudia el patronato nacional y provincial y los ensayos constitucionales. Marianela Cancellieri y María Victoria Núñez reconstruyen conflictos religiosos tramitados en el naciente sistema judicial federal; Paula Seiguer examina el pasaje de la tolerancia diplomática a la libertad de culto, acelerado por la inmigración; y Elsa Caula se centra en disputas de jurisdicción en torno del matrimonio y la familia. Para el siglo XX, José Zanca introduce los dilemas entre democratización y control social y trabaja el período 1955–1983; Ana María Rodríguez revisa los vínculos institucionales de comienzos de siglo; Dora Barrancos destaca la impronta laicista y anticlerical del feminismo temprano; Eva Mara Petitti y Lucía Santos Lepera estudian la laicidad educativa desde perspectivas regionales (Entre Ríos y Tucumán); Diego Mauro analiza las relaciones entre Iglesia y Estado durante el primer peronismo; Laura Graciela Rodríguez aborda la defensa de la escuela laica por parte del magisterio socialista; Germán Torres sigue la cuestión educativa y los subsidios desde el peronismo hasta 2006; Mariano Fabris y Sebastián Pattin examinan debates recientes (divorcio y matrimonio igualitario); y Karina Felitti analiza cruces actuales entre espiritualidad y salud reproductiva en los movimientos feministas. El volumen cierra con un balance de Zanca sobre la persistencia y las mutaciones del “pacto laico”.

La laicidad a la francesa

El libro parte de una definición de laicidad que se distancia del modelo asociado a Francia desde la Revolución Francesa y, más tarde, desde 1905, cuando se estableció una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Durante décadas, el mundo académico tomó ese caso como parámetro normativo: se era laico si se parecía a los franceses; de lo contrario, se asumía que no. Sin embargo, en los últimos 20 o 30 años se consolidó la idea de que Francia es más la excepción que la regla. Al observar casos como Bélgica, Alemania o incluso Estados Unidos —un país con una separación fuerte entre iglesias y Estado, en parte por su propia sociología religiosa—, se advierte que el caso francés no constituye la norma, sino una singularidad.

Los católicos y el resto

En términos legales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado registraron pocas modificaciones a lo largo del siglo XX. Durante el primer gobierno peronista se creó la Secretaría de Culto, que incorporó el Fichero de Culto: un registro obligatorio para todos los grupos religiosos no católicos. Esto instituyó una asimetría, ya que la Iglesia católica no estaba obligada a inscribirse. “El resto de las instituciones tiene que registrarse y, además, informar quiénes son sus líderes y miembros, y si reciben financiación del extranjero. Ese fichero existe hasta el día de hoy; la ley no ha cambiado tanto”, explica el historiador.

Aún persiste el desafío de construir un vínculo entre religión y Estado que no resulte discriminatorio para quienes no son católicos. El tema adquiere mayor relevancia en una sociedad cada vez más plural en términos religiosos, en la que el catolicismo representa un porcentaje decreciente de la población.

Católicos y dictadura

Históricamente, la Iglesia católica sostuvo una posición de exclusividad institucional dentro de las Fuerzas Armadas a través del Vicariato Castrense, lo que restringió el acceso de otros cultos a los cuarteles. Ese vínculo se profundizó en las décadas de 1960 y 1970: el clero asignado al ámbito militar cumplió un papel relevante en el dispositivo represivo, desde la asistencia espiritual a los perpetradores hasta el manejo de información sensible sobre detenidos y desaparecidos, e incluso en casos vinculados con la apropiación de niños. A la vez, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia latinoamericana evidenció un carácter dual: funcionó simultáneamente como apoyo de dictaduras y como uno de los pilares de la resistencia.

En ese contexto, el discurso religioso operó como un arma de doble filo. Por un lado, nutrió a regímenes anticomunistas que invocaban la “civilización occidental y cristiana” para frenar cualquier intento de transformación social en América Latina. Por otro, esa misma matriz dio lugar a movimientos de resistencia como la Teología de la Liberación y la Teología del Pueblo, que apelaron a lenguajes y símbolos cristianos para denunciar la represión y reclamar cambios estructurales en los sistemas económicos y políticos de la región.

Católicos y democracia

El capítulo de Mariano Fabris y Sebastián Pattin analiza una distinción que la Iglesia comenzó a trazar, desde 1981, entre la democracia como sistema político y el proceso de democratización social. “Mientras aceptaba la democracia como mecanismo de convivencia y alternancia, se opuso sistemáticamente a la ‘democratización’ entendida como expansión de las libertades individuales. En los años 80, la cultura democrática trascendió el acto de votar: se expresó como un proceso de liberación personal y sexual —el denominado ‘destape’— que dio visibilidad a las sexodisidencias y reivindicó la autonomía sobre el propio cuerpo. La Iglesia rechazó esa ampliación de los derechos civiles, manifestando su resistencia ante hitos legislativos como la Ley de Patria Potestad Compartida, la Ley de Divorcio Vincular y, más recientemente, el Matrimonio Igualitario, la Identidad de Género y la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, señala Zanca.

Liberación feminista

Otro fenómeno relevante en la década de 1980 en América Latina fue la aparición de una teología de la liberación feminista: grupos de mujeres cristianas —protestantes o católicas— que retomaron la teología de la liberación desde una perspectiva feminista. “Hasta el momento, la liberación se refería al varón, y eso se tomaba como una generalización; pero se olvidaba que la mujer pobre tenía una doble condición de oprimida: no solo por ser explotada, sino también por ser mujer”, señala el investigador. Agrega que en la película argentina Belén se ve el caso de una abogada atravesada por una tensión: es católica, pero integra Católicas por el Derecho a Decidir, un colectivo de mujeres con posiciones disidentes respecto de Roma y de los episcopados locales.

Argentina fue uno de los últimos países en aprobar una ley de divorcio. El dato remite a un aspecto central de la laicidad: la separación entre la ley y la norma religiosa. Desde el siglo XVIII en adelante, puede observarse cómo la norma legal —las reglas que rigen la vida social— se fue distanciando progresivamente de la norma religiosa, asociada a la idea de pecado y a su sanción. En ese proceso, el derecho civil y penal se autonomizan: la Iglesia puede sostener que el aborto es pecado, pero la ley y la sociedad pueden establecer otra cosa; del mismo modo, puede afirmar que solo pueden casarse varones y mujeres, y el Estado puede reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. En cualquier caso, laicizar no es un camino lineal: hay avances, retrocesos y debates, y cada país lo resuelve a su manera.

La Iglesia y las demás instituciones

La cuestión educativa ha estado en el centro del debate en torno a la laicidad. Hace poco tiempo, un caso de gran repercusión llegó a la Corte Suprema: se discutía si las escuelas públicas de Salta podían impartir, o no, educación religiosa. La Corte resolvió que en las escuelas públicas no podían dictarse contenidos de índole religiosa, porque ello violaba el principio de laicidad.

“Lo interesante es que, un año después, la misma Corte Suprema se pronunció en contra de una demanda presentada por la APDH de Mendoza, que impugnaba que la fiesta de la Virgen de los Andes formara parte del calendario de celebraciones escolares de la provincia. La demanda sostenía que no era apropiado obligar a niños y niñas a asistir a una festividad religiosa, porque eso iba en contra de la laicidad. La Corte concluyó que la fiesta tenía un origen religioso, pero que se había consolidado como celebración cultural y, por lo tanto, habría perdido su rasgo religioso, como la Navidad”, explica Zanca. En ambos casos se discutía un mismo problema: cuál es el lugar de la religión en la esfera pública y, en particular, en instituciones como la escuela, la Justicia, los regimientos o los hospitales.